El Ayuntamiento de Cádiz reclama casi 27.000 euros a un empleado del que se sospecha que no fue a trabajar desde 2004 hasta que se jubiló en 2011


Cádiz.- 

Haga la prueba. Si es usted uno de los afortunados que goza de un puesto de trabajo, intente faltar varios días seguidos, a ver qué pasa. Y si puede hacerse una idea de las consecuencias que podría tener su acción, piense por un momento que esa ausencia injustificada y no notificada a la empresa se alargara no varias semanas o meses, sino durante años. Esa es la rocambolesca historia de un funcionario del Ayuntamiento que se llevó años cobrando su nómina sin personarse siquiera en su puesto de trabajo.

La sorprendente historia arranca en el año 1998, cuando el Consistorio gaditano y la empresa municipal Aguas de Cádiz firmaron un convenio por el que un empleado público pasaba a desempeñar sus funciones a la empresa. El destino era que se hiciera cargo de unos controles de la estación de La Martona. Este empleado llegó a hacerse un despacho, con paredes de cristal, en las instalaciones de Aguas de Cádiz. Ya saben, el despacho lo primero.

Después del nuevo despacho, ya no hubo más noticias de ese funcionario. Y en el año 2010, el entonces concejal de Personal, José Blas Fernández, se preocupó de comprobar cómo marchaba el convenio con Aguas de Cádiz. Y ahí se descubrió el pastel. "En Aguas de Cádiz no sabían nada de él y dieron por hecho que su prestación de servicios allí había finalizado y había vuelto al Ayuntamiento; y en el Ayuntamiento estaban convencidos de que seguía en Aguas de Cádiz", recuerda Fernández.

Fue entonces cuando la delegación de Personal puso en marcha la maquinaria para ver qué estaba ocurriendo con ese funcionario, del que sabe que "al menos desde 2004 dejó de asistir al trabajo", según consta en la propuesta de sanción que el Ayuntamiento redactó en el año 2010. Tanto es así, que José Blas Fernández recuerda que se llegó a desmontar su despacho "y ni se enteró" porque no aparecía por allí. Seis años sin pisar la oficina y cobrando puntualmente su nómina cada mes.

La excusa que puso el funcionario, según Fernández, fue que ante las discusiones que en aquel entonces mantenían el Ayuntamiento y la Junta a consecuencia de La Martona, "decidió irse a su casa a esperar que hubiera alguna solución y se le comunicara". Sobre esta historia "de cine" -como resume el entonces responsable de Personal- se ha conocido ahora la última sentencia, que obliga al funcionario a devolver 26.920,93 euros. Se trataría del sueldo de un año, tiempo máximo exigible de devolución según la legislación.

A esta medida se une también la "suspensión firme de funciones" que se acordó tras el expediente disciplinario que se le incoó "por una posible falta grave del Estatuto Básico del Empleado Público" por esta ausencia injustificada. La suspensión de empleo y sueldo, no obstante, quedó interrumpida a los cuatro meses, cuando sobrevino la jubilación anticipada a la que se acogió este funcionario, justo en medio de la tramitación de su expediente sancionador.

La situación es tan rocambolesca que Fernández recuerda hoy que estuvieron a punto de entregarle la placa por años de servicio que se suele dar a empleados. Un premio al funcionario fantasma.

Fuente: Diario de Cádiz

P-M. Durio, 

08-02-2016


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